Sólo si eres la directora de un programa de máxima audiencia
y tienes conciencia de lo que le ocurre a la otra, das autorización para ocupar
un largo espacio en tu programa y emites este riguroso reportaje de la absoluta
desprotección de las victimas de trata.
El ‘caso Carioca’ evidencia que España es incapaz de
proteger a las víctimas de trata
Las víctimas denuncian desprotección absoluta cinco años
después de iniciarse la investigación mientras el principal imputado salió en
libertad hace tres meses
NICOLÁS CASTELLANO 14-01-2014
De las 14 testigos protegidos del caso, cinco están fuera de
España. Tres de las mujeres que prestaron declaración, entre ellas la que
destapó la trama, fueron expulsadas a Brasil a pesar de contar una orden
judicial de ‘inejecución de expulsión’. “Todavía tengo miedo, si arriesgas la
vida para colaborar en un caso como éste, tienes que tener protección”,
denuncia una de las testigos.
Sin salida y con miedo. Así vive Josefina (nombre ficticio)
desde que junto a otras víctimas denunció a la mayor red de trata de mujeres
jamás desmantelada en España, conocida como ‘caso Carioca’. Josefina,
brasileña, no teme sólo que alguien vinculado a la trama pueda localizar y
hacerles daño a ella y a su hija, sino los efectos que las decisiones de la
Administración española están teniendo en sus vidas y que se resumen en una
palabra: desprotección.
Sin salida y con miedo. Así vive Josefina (nombre ficticio)
desde que junto a otras víctimas denunció a la mayor red de trata de mujeres
jamás desmantelada en España, conocida como ‘caso Carioca’. Josefina,
brasileña, no teme sólo que alguien vinculado a la trama pueda localizar y
hacerles daño a ella y a su hija, sino los efectos que las decisiones de la
Administración española están teniendo en sus vidas y que se resumen en una
palabra: desprotección.
Josefina y su hija viven en un limbo jurídico que les impide
hacer vida normal. “No entiendo por qué si he colaborado con la justicia no me
ayudan a conseguir los papeles de la niña. Yo me estoy arriesgando, sigo
prestando declaración si hace falta, pero pese a que llevo casi tres años
peleando para que le den los papeles, ella sigue ilegal y la podrían expulsar
en cualquier momento. Las dos solicitudes que he presentado, han sido
denegadas. Si la envían a Brasil, me iré con ella, me dará igual el caso,
porque ella es lo más que me importa. Nos prometieron muchas cosas pero sólo
nos dieron los papeles por un año. Nada más”, cuenta.
La reforma de la ley de Extranjería establece que una
víctima de redes de trata tiene derecho a protección inmediata mediante un
permiso de residencia de cinco años. Además la legislación internacional
considera que los hijos de una víctima de trata también lo son, por lo que por extensión,
también deberían recibir dicho permiso. “Se demuestra que las administraciones
no están preparadas para responder ante la mayor red de trata desmantelada
jamás en España”, aseguran fuentes de la investigación.
La documentación de Josefina y el resto de víctimas además
no ha estado vinculado a esta condición. “Nuestra renovación de los papeles
depende del trabajo nada más, si cotizas y tienes contrato renuevas, si no
nada. Las compañeras que no tenían contrato o estaban en paro no han podido renovar
los papeles y se han ido a Brasil”, asevera.
La situación es tal que cinco de las 14 testigos protegidos
del caso, están fuera de España. La mujer que destapó la trama, la principal
testigo, fue expulsada por la Policía Nacional a Brasil cuando el caso estaba
aún bajo secreto de sumario. “Se la querían quitar de en medio, se tomaron
muchas molestias para ser supuestamente sólo una expulsión administrativa por
no tener papeles, pero nada más detenerla le preguntan por un guardia civil que
es precisamente uno de los investigadores, es decir sabían perfectamente que
ella estaba dando información y por eso la expulsaron de España” asegura su
abogado. Al conocer el caso, la jueza exigió que se la trajera de vuelta y una
vez aquí se practicó con ella una prueba anticipada. Una vez en España se
tramita su permiso de residencia, el proceso se dilata durante mucho tiempo y
regresa a Brasil. Finalmente la autorización de residir en España le llega
cuando ya estaba en su país de origen. El abogado que la representa solicita
que se le de la tarjeta de residencia a través de un consulado de España en
Brasil pero el ministerio del Interior de momento se niega. La jueza ha exigido
que se documente a esta testigo desde hace cerca de 2 años pero el Ministerio
de momento hace caso omiso. A esto hay que añadir el caso de otra testigo que
contaba con una orden de inejecución de expulsión y que además ya tenía
residencia legal en España. Hace un viaje a su país y vuelve con la tarjeta
caducada. A pesar de que en la base de datos de la Policía les consta su
“inexpulsabilidad” la devuelven a su país como un rechazo en frontera.
Fuentes de la investigación confían en contar con la
presencia en el juicio de las principales testigos pues incluso algunas de las
que están fuera de España, estarían dispuestas a volver para declarar. En todo
caso la jueza ha realizado 12 pruebas preconstituidas.
Josefina aguanta en España. Después de muchas semanas de
sopesarlo, acaba aceptando contar su situación en una entrevista a la Cadena
Ser. Lo hace en un pueblo cualquiera de España que no podemos desvelar. Sólo un
dato: está lejos de su temido Lugo, donde se ubicaba el Club en el que trabajó
explotada por la red que dirigía Adán. Uno de esos clubes el Queens, estaba
ubicado en una antigua quesería, sobre unos terrenos propiedad de un
funcionario municipal, donde todo el mundo sabía lo pasaba pero todos callaban.
La falta de protección y ayudas no han mermado su deseo de
contribuir a que se haga justicia con quienes las explotaron, les exigieron el
pago de deudas de entre 3.000 y 6.000 euros e incluso las maltrataron. Además,
desea que su hija siga recibiendo educación aquí. Tampoco tiene mucha más
opción. De irse, tendría que abandonar aquí a la menor. “No hay salida ninguna.
No tiene NIE(número de identificación de extranjeros), no tiene permiso de
residencia, así que no puede viajar. Ni siquiera sale de casa por miedo a que
la policía la detenga y la expulse. Hasta el bonobus lo tiene a mi nombre. Vive
encerrada, lleva una vida de prisión. Tiene problemas para todo, a nivel
administrativo en el Instituto, si por ejemplo tienen que hacer un viaje en el
Instituto ella no puede ir. Así lleva casi 2 años”, relata Josefina, que ha
presentado una queja al Defensor de Pueblo al respecto y ha trasladado su
situación a la jueza que lleva el caso.
“Todavía tengo miedo. Si ahora ni siquiera cuento con la
justicia para obtener la documentación de mi hija, ¿cómo me puedo fiar de que
me van a dar una protección cuando estén (todos los imputados) en la calle y ya
haya pasado el juicio? Yo di testimonio, pruebas, la deuda que me exigieron
pagar, las condiciones en las que estuve en el club, me puse a disposición de
la justicia y declaré. Si arriesgas la vida para colaborar en un caso como éste
tienes que tener una protección”, afirma.
Pánico a las represalias
La red del caso Carioca explotaba a mujeres en su mayoría de
Brasil pero también de la República Dominicana, Colombia, Ecuador o Paraguay.
José Manuel García Adán, el principal imputado, “daba palizas monumentales a
las chicas, palizas a diestro y siniestro”, según denuncian las víctimas, que
no podían salir del club y eran obligadas a trabajar durante 14 horas seguidas,
quedando exentas sólo el primer día de regla y en algunos casos eran amenazadas
con maleficios de santería.
“Nos dicen que no va a pasar nada pero sí que pasa. La que
conviví durante casi un año con él fui yo, sé el genio y el carácter que tenía.
Después de la denuncia, no va a salir de la cárcel y perdonarlo todo”, teme.
En libertad desde hace tres meses, Adán esperó tres años
para ofrecerse a declarar ante la jueza y contarlo todo “tirar de la manta y
contarlo todo sobre políticos y empresarios a cambio de que le den la custodia
de su hija” aseguran fuentes de la investigación que precisan que la jueza se
negó a entrar en chantajes.
Alicia (nombre ficticio) es otra de las mujeres que está
colaborando con la investigación. “Me enteré de que la jueza estaba buscando
testimonios y yo misma la llamé para contarle lo que sucedía. Fui dos veces a
declarar”.
“La gente piensa que es un trabajo fácil, que se gana dinero
fácil pero no, es el peor trabajo que hay en el mundo. Aguantas borrachos,
drogados, de todo, y aguantar todo eso y no poder tener una tranquilidad… Yo no
era libre, vivía en un piso y me llevaban y traían al club, pero me tenían bien
controlada en todo momento para que no me fugase” afirma en un breve encuentro
en otro punto de España. No para de mirar a todas partes porque teme que “la
gente de José Manuel “ pueda aparecer para amenazarla en cualquier momento.
“Lo que preocupa a todas horas es el juicio. El que tiene
poder y dinero puede hacer lo que le da la gana. Ellos también tienen familia
como nosotros, alguien puede hacernos algo mandados por ellos. No niego que me
da mucho miedo que se quieran vengar por ellos según sea el juicio, la
sentencia”, relata Alicia, que tuvo como cliente a uno de los policías
imputados, según ha sabido después.
“Me parece muy mal (que José Manuel esté en la calle) porque
no deja de ser un peligro. Salimos a la calle con miedo, si llevamos mucha ropa
o si cambiamos el tinte del pelo o los peinados… es por miedo, para que no nos
reconozcan, por miedo a él y a los suyos. Él ya tiene las manos manchadas pero
puede mandar a alguien”.
Policías y guardias civiles imputados
El caso Carioca ha destapado la incapacidad de la
Administración española para asistir a las víctimas de trata y lo inútil que
puede resultar la ley de testigos protegidos cuando están imputados policías o
guardias civiles.
Un ejemplo: las víctimas tienen que recoger las tarjetas de
residencia en comisarías donde residen, con lo que se facilita a los policías
imputados localizar a las chicas. Cabe recodar que el inspector jefe de
extranjería de Policía Nacional en Lugo, uno de los principales imputados,
llegó a hacer un informe sobre sí mismo y fue a entregarlo en persona a la
jueza. Finalmente fue cesado.
Fuentes de la investigación denuncian muchas carencias en la
protección de las víctimas de trata. Falta de medios para garantizar la
subsistencia a las víctimas. “Se está vendiendo humo” sobre la protección a las
víctimas, en realidad la ley es muy restrictiva para dar permisos de residencia
a víctimas de trata. Sin permiso de trabajo y residencia ni otros medios
específicos, como casas de acogida, al final no tienen salida. Al no tener
alternativas acaban volviendo a ejercer la prostitución.
La falta de coordinación entre instituciones, juzgados y
organizaciones no gubernamentales supone que finalmente estas mujeres tengan
muchas dificultades para acceder primero al permiso de residencia -en el que
caso que lo necesiten- o alguna medida de protección-desde pisos de acogida a
ayudas económicas de subsistencia mientras consiguen salir de la prostitución-.
La falta de formación policial genera que “muchos agentes se
tomen a las mujeres como simples objetos, las tratan como prostitutas que no
tienen derecho a nada y si encima han acusado a algunos de sus compañeros como
en este caso, les acaban poniendo muchas dificultades cuando no coaccionándolas
para que se vayan de España o directamente las expulsan como ha pasado con
varias de las testigos” explica una abogada experta de redes de trata”.
Una investigación minada
A una de las víctimas los propios guardias civiles
comisionados para la investigación le pagaron una noche de hotel de su
bolsillo. Esa joven tenía que declarar ante la jueza, había llegado desde fuera
de Galicia pero “nadie dio un recurso de acogida en Lugo, la concejal llega a
decir que la lleven al albergue de los ” sin techo”, aclara el abogado que la
representa.
A otras víctimas , estos guardias comisionados para la
investigación, les han tenido que pagar de su bolsillo la compra de teléfonos
móviles para poder mantener el contacto con ellas de cara al próximo juicio.
Esta actitud de los agentes investigadores les ha granjeado
el rechazo de muchos de sus compañeros de la comandancia del instituto armado
en Lugo “Les rallaron los coches en el aparcamiento del cuartel, les reventaron
la puerta del despacho de la policía judicial intentando buscar documentos”
denuncia un letrado con acceso al sumario.
Según este abogado “tanto a los guardias civiles como a la
jueza les han llegado a realizar seguimientos, algunos coches de la brigada de
información seguían a la magistrada y a los comisionados de la Guardia Civil,
por ello la jueza llegó a abrir diligencias y pidió explicaciones, pero
quedaron en nada porque hay muchos peces gordos implicados que no quieren que
se llegue el fondo de la investigación” denuncia este letrado.
El propio José Manuel García Adán no ha dejado de amenazar ,
de hecho a uno de los investigadores le espetó en medio de los pasillos de los
juzgados de Lugo “tú vas a pagar con tu propia sangre”. A esto hay que añadir
que según los propios testigos “hemos estado recibiendo amenazas de policías
amigos de los imputados” .
Carencias en la atención a las víctimas de trata
El ejemplo más escandaloso de la falta de protocolos para
actuar en estos casos se vivió en octubre. Ese día se evidenció la increíble
falta de colaboración de la administración central con la jueza que instruye el
caso. La magistrada había solicitado que a José Manuel García Adán se le
colocara una pulsera telemática para controlar por GPS que no se acercara a las
más de 160 víctimas sobre las que tiene orden de alejamiento. La Delegación del
Gobierno para la violencia de Género “se negó inicialmente a autorizar esa
pulsera porque considera que no se trata de un caso de violencia de género”,
explican fuentes de la investigación. Sólo después de que se pidiera amparo
hasta al Defensor del Pueblo y de la apertura de una investigación por parte de
esta institución, finalmente a 1 hora de la puesta en libertad, y después de
que la jueza advirtiera de que si no se autorizaba la pulsera solicitaría como
medidas de protección la puesta en disposición de 2 policías como escolta por
cada chica sobre la que pesa orden de alejamiento, sólo después de eso llegó la
autorización desde Madrid para que se colocara la pulsera.
Según una experta internacional en estos casos, el caso
Carioca “ha puesto en evidencia al estado español. La necesidad de formación de
Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado a la hora de identificar e investigar
la trata, siendo España puerta de entrada y uno de los lugares donde más se
explota a las mujeres de toda Europa”.
Si bien es cierto que es una investigación muy compleja, ya
que tomar declaración en tiempo record a un número enorme de víctimas no es
sencillo “lo que queda demostrada es la necesidad de cooperación entre
policías, ONG especializadas para recoger a las declaraciones, etc para que las
victimas no cuenten su historia de manera fría a un policía en poco más de una
hora siguiendo un cuestionario tipo” señala esta experta que recuerda además
que” muchas de las víctimas habitualmente no son conscientes de ser víctimas de
trata”.
Las propias cifras del Gobierno muestran esas carencias.
Según los datos que sobre 2012 constan en el “IV informe de seguimiento del
plan integral de lucha contra la trata”: de las 976 víctimas con fines de
explotación sexual detectadas ese año, había 377 en situación irregular. A
todas se les ofreció periodo de reflexión, sólo 81 se acogieron a él y se
concedieron a penas 60. “Aquí está el error, la cantidad de víctimas de trata
perfectamente identificadas que se quedan por el camino y que no reciben ningún
tipo de protección, si bien la policía ha mejorado los mecanismos de
identificación como puede ser que a pesar de apreciar indicios de víctimas de
trata y después se le niega, ahí pasado algo” explica una experta en trata. Del
informe de ese año se observa que se concedieron sólo 66 autorizaciones de
residencia. “Si de 377 víctimas de trata identificadas sólo conceden finalmente
66 autorizaciones, ¿cuántas se quedan por el camino? Y a esto hay que añadir
que el procedimiento se alarga mucho en el tiempo y quedan muchos meses
desprotegidas y sea imposible que encuentren un trabajo si no tienen
rápidamente el permiso de residencia” denuncia esta letrada. Hay muchos casos
de ONG que intentan ayudar a normalizar la situación de estas mujeres pero se
encuentran con el muro de la lenta burocracia.
Ya, el Defensor del Pueblo, en su informe monográfico sobre
trata que se presentó a las Cortes en octubre de 2013 llamaba la atención sobre
las carencias que siguen existiendo en el sistema para atender a las víctimas.
En esa actualización de su dossier sobre trata se denuncia la falta de
intervención efectiva de las ONG especializadas en el proceso de
identificación, que se limita el papel de las ONG a la asistencia a las
víctimas pero se olvida que para que una víctima pueda dar su testimonio sobre
una red difícilmente lo hará ante un policía sin la asistencia de un experto o
experta de una ONG sobre trata. Además señala que la protección a la víctima se
esté condicionando sólo a si colabora con la justicia, algo que el Consejo de
Europa ya criticó a España.
El caso Carioca, en cifras
Un total de 440 mujeres han sido identificadas como
testigos, víctimas de trata y explotación sexual en el caso Carioca según
fuentes de la investigación.
De ellas,180 no han sido localizadas aún en España, aunque
estén identificadas detalladamente por loes testimonios de otros testigos. No
obstante a 230 víctimas se les ha recibido declaración judicial.
Hay pruebas de que en los 5 clubes investigados de la
provincia de Lugo hay 150 mujeres que han venido a España con deuda (víctimas
de trata). De hecho , se ha constatado que unas 40 mujeres contrajeron una
deuda en España con sus proxenetas en esos mismos clubes (para ir a su país a
ver a su familia, para mandar un dinero, para atender a sus necesidades
sanitarias, etc.) que luego tenían que “devolver” a los jefes de la red.
Al margen de las mujeres relacionadas con los clubes
investigados, existen pruebas sobre 80 mujeres que han venido a España con
deuda a otros clubes distintos de España y que acabaron apareciendo en la
investigación del ‘caso Carioca’.
Unas 40 mujeres reconocen haber pasado por el pasillo del
Aeropuerto de Barajas cuyo “vigilante” se relaciona en la Operación( las
mujeres recibían instrucciones para pasar siempre por la ventanilla concreta
donde siempre estaría de guardia alguno de los policías imputados que nunca
pondrían impedimento a que entraran en España)
En la investigación también quedad constatado que hubo en
torno a 30 mujeres a las que se les prorrogó la estancia legal (de 3 meses para
turista con la que llegaron), por parte de los responsables de Extranjería (o
quienes se hacían pasar por tales) a cambio de un precio (300-600 euros)
Se han regularizado entre 50 y 60 mujeres en virtud del
beneficio que concede la Ley de Extranjería a las víctimas de trata y a los
colaboradores contra redes organizadas. Se les ha suspendido la orden de
expulsión vigente a 100 mujeres, aproximadamente, por los mismos motivos.
Hay 14 testigos protegidas en sentido procesal estricto
