Intervención de la AER en la jornada “Parlamentarios y sociedad civil por el derecho a un aborto legal, seguro y accesible” en el Congreso de los Diputados de España

     

Y el Señor dijo: “Parirás con dolor”. Ella pario o decidió no hacerlo, así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad.

Por ejercer la libertad que se nos ha negado, hemos sido condenadas históricamente desde el ostracismo hasta la hoguera.

Milenariamente la relación de subordinación -entre otras- a la que fueron, han sido y somos sometidas las mujeres en las sociedades patriarcales, se encarna a través de nuestros cuerpos y del cercenamiento de nuestra autonomía, es una situación que ha sido sostenida por los discursos de filósofos, religiosos, médicos y políticos a lo largo de los siglos.

La salud, la autonomía y el derecho  de las mujeres deben estar garantizados por la ley, y está garantizada por la Constitución Española; ¿A qué se debe este retroceso a tiempos democráticamente prehistóricos de nuestro país? ¿qué peaje y a quiénes debe  el Ministro Gallardón y por qué deben ser la mujeres de nuestro país quienes paguen esta deuda que ellas no han contraído?  Nadie tiene el derecho a decidir sobre la vida y el futuro de las mujeres en España sino ellas mismas.

Las mujeres no somos menores de edad no necesitamos tutela de varón por muy gallardo que este sea,

conocemos la corrupción la perversión del lenguaje a la que nos acostumbra el Ministro Gallardón, somos conscientes de nuestras capacidades, de nuestras necesidades y de la realidad que nos rodea; si decidimos dar el paso de interrumpir nuestro embarazo, el Estado debe dotarnos de un sistema sanitario y legal que nos  permita hacerlo con la garantía y plena seguridad como hasta hoy se viene haciendo en nuestro país.

Desde la sociedad civil española no podemos permitir y pedimos, demandamos, exigimos  a los representantes de la Unión Europea, la ayuda necesaria para que desde Europa -que

debe ser la Europa de los ciudadanos y también las ciudadanas- no nos olviden y remuevan todas las normas que obligue  a nuestro

Gobierno  a cumplir las directivas europeas sobre garantías de derechos de las mujeres. Si es menester, sigan convocando comisiones, sesiones y promuevan sancionen a nuestro país,  como lo hacen en asuntos económicos, demuestren que no son solo la Europa de los mercados y sí de las Instituciones y de la Ciudadanía y enseñen a toda Europa que nuestro Gobierno quiere practicar la ablación al derecho a decidir de las mujeres.

Decidir no un delito, decidir es un derecho.